Soluciones
financieras
para su empresa copropiedad estilo de vida

La copropiedad puede iniciar un proceso ejecutivo en su contra para el cobro de las cuotas ordinarias y extraordinarias vencidas, junto con los intereses de mora pactados en el reglamento. Bajo la Ley 675 de 2001, el administrador está obligado a adelantar este cobro y puede ser responsable si no lo hace. Adicionalmente, el reglamento puede restringir el uso de zonas comunes al deudor moroso.

Sí. El proceso de insolvencia para persona natural no comerciante, regulado por la Ley 1564 de 2012, permite negociar con todo tipo de acreedores, incluyendo entidades públicas como la DIAN o el ICBF. Una vez admitido el proceso, se suspenden las ejecuciones en curso y se abre un período de negociación. Las deudas tributarias tienen prelación legal, pero igual pueden ser objeto de acuerdo de pago dentro del proceso.

La declaración de renta reporta los ingresos, costos, deducciones y patrimonio del contribuyente durante el año gravable. La declaración de activos en el exterior es una obligación independiente, exigida a residentes fiscales colombianos que posean activos fuera del país con valor superior a 2.000 UVT al 1° de enero. Omitirla puede generar sanciones del 0.5% del valor del activo no declarado, y en casos graves, investigación penal por evasión.

No. La Ley 675 establece que la asamblea ordinaria o extraordinaria requiere un quórum mínimo del 51% de los coeficientes para deliberar válidamente. Si no se alcanza en la primera convocatoria, puede sesionarse en segunda convocatoria con los asistentes, siempre que haya transcurrido una hora. Las decisiones tomadas sin quórum son susceptibles de impugnación ante el juez civil o la Superintendencia de Notariado y Registro.

El Régimen Simple de Tributación (SIMPLE) es un mecanismo que unifica en un solo pago impuestos como renta, ICA y el componente del impuesto de industria y comercio. Es especialmente beneficioso para pequeños y medianos empresarios con ingresos anuales inferiores a 80.000 UVT, ya que simplifica el cumplimiento tributario y puede reducir la carga fiscal. Sin embargo, no es conveniente para todos los perfiles: depende del sector, la estructura de costos y el nivel de ingresos. Una evaluación previa con su contador es indispensable.

Según la Ley 1116 de 2006, una empresa puede acogerse al proceso de reorganización cuando se encuentra en cesación de pagos — es decir, cuando ha incumplido obligaciones por más de 90 días — o cuando prevé que en los próximos 12 meses no podrá cumplir sus compromisos. Este proceso permite reestructurar pasivos, negociar con acreedores y continuar operando, evitando la liquidación. Es una herramienta poderosa si se activa a tiempo y con asesoría adecuada.